Con el fin de terminar en el llamado “clasismo en seguridad” la diputada Maite Orsini y el Diputado Giorgio Jackson, junto a los alcaldes Mauro Tamayo (Cerro Navia), Claudio Castro (Renca), Gonzalo Durán (Independencia) y Gonzalo Montoya (Macul)  presentaron una carta y un Proyecto de Ley que busca modificar la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile para garantizar una distribución justa de los recursos policiales.

Para abordar a corto y mediano plazo, los diputados de Revolución Democrática tomaron dos medidas: una carta que busca exigir que se agreguen criterios de equidad al presupuesto 2020 de carabineros, y un Proyecto de Ley por el Derecho a la Seguridad, que busca establecer que los recursos policiales, tanto materiales como humanos se distribuyan de manera justa, teniendo en cuenta la cantidad de delitos de alta connotación social que se producen en cada comuna, las habitantes de la misma así como los índices de vulnerabilidad que cada una presente.

“No es aceptable que existan comunas como Renca o Cerro navia, con 1 carabinero por cada 999 y 1230 habitantes respectivamente, mientras que otras como Las Condes tengan 1 cada 570. Y, peor aún, el presupuesto particular de este año de las condes, lo barnechea, providencia y vitacura para seguridad suma 25.000 millones: el de Pudahuel, Lo Prado, Renca y Quinta Normal, es de solo 2.100 millones. Esa distribución injusta tiene resultados injustos”, explicó la diputada Orsini.

Por su parte, el diputado Jackson presentó una carta al ministro Andrés Chadwick para que desde la cartera de Interior y Seguridad Pública se aborde con celeridad esta problemática. “Hoy queremos hacer propuestas, pero también advertir al gobierno que en la discusión de la Ley de Presupuesto 2002 nosotros no vamos a seguir siendo cómplices de la inequidad y clasismo en la distribución de los recursos a la hora de enfrentarse a la seguridad, distribución además opaca porque en ella falta transparencia. Por eso, de mantenerse esta opacidad e inequidad no aprobaremos la partida de Carabineros correspondiente a dotación de personal, que llega a los 905 mil millones de pesos aproximadamente”, aseveró.

Desde las municipalidades presentes el tema se viene trabajando en la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades. Por eso hoy se respaldó la iniciativa de los diputados de Revolución Democrática.

“Seguimos empeñados en garantizar que se distribuya de manera equitativa la dotación y recursos policiales para todas las comunas del país, explicó Gonzalo Durán, alcalde de Independencia. “Es  es urgente que los recursos policiales estén donde más se necesitan.

Gonzalo Montoya, alcalde de Macul apuntó a la responsabilidad que han tenido los gobiernos al hacerse cargo de este problema.»Creemos que el Estado debe hacerse responsable de una vez por todas de esto y entendemos también que los criterios de inequidad pasan solamente por voluntad política»

“En Chile hay un país para ricos y otro para pobres. No es comprensible que el Estado discrimine en base al ingreso económicos para definir la dotación de carabineros en las comunas del país. Esto es injusto e innecesario y evidentemente demuestra un país en el cual no queremos vivir”, enfatizó Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia.

«Es indigno para un ciudadano del país que la dotación policial dependa de una conversación donde los alcaldes tenemos que pedir por favor al gobierno central y al Director general de Carabineros que se asigne más recursos. Los hechos de violencia que hemos visto las últimas semanas han visibilizado esta inequidad brutal que existe en el país. Si esta estrategia de distribución continua, los delitos van ta seguir desplazándose y se va a concentrar la inseguridad en las comunas que tienen menos recursos», explicó Claudio Castro, alcalde de Renca.

Según datos recopilados por la Fundación Chile 21, consta que las Comunas donde los delitos han disminuido de manera más marcada son Vitacura (29%), La Reina (27%), Las Condes (20%), Lo Barnechea (17%) y Providencia (16%). Al mismo tiempo, comunas como Renca y Quinta normal sufrieron un aumento de la cantidad de delitos en proporciones similares, con un 21% y un 20% respectivamente.