En el contexto del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, este jueves 26 de junio el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, entregaron el permiso de ocupación del inmueble del ex Cuartel Borgoño, centro de detención y tortura de la CNI durante la dictadura, a la Corporación Memoria Borgoño, que comenzará el proceso para convertirlo en un sitio de memoria.
El alcalde de la comuna de Independencia, Agustín Iglesias, hizo un sentido compromiso: «en los próximos meses, además de este espacio, los edificios colindantes serán entregados al municipio. Yo como alcalde haré la recepción y tengo el compromiso con la Corporación de que sea un espacio completo de memoria. Tener un parque acá en un lugar tan importante como el centro de Santiago para que esto no se olvide. Lo que ocurrió acá es profundamente doloroso para las personas que lo vivieron, pero también para todo un país».
«Yo soy de una generación política nueva, nacida en democracia. Yo felicito a los ministerios y al empuje que ha tenido la Corporación para que esto ocurra. Independientemente de que yo provenga de un sector político distinto, tengo el compromiso de que este sea un lugar de memoria. Vamos a hacer un gran esfuerzo para que acá la historia no se olvide», agregó Iglesias.
Historia del excuartel Borgoño
En su origen, en 1892, en el edificio se emplazó el Instituto de Higiene de Santiago, una institución que vino a hacerse cargo del manejo de enfermedades asociadas a las condiciones de salubridad de la época y que dio inicio a lo que posteriormente fue el Ministerio de Salud.
El inmueble fue cerrado el 31 de diciembre de 1924 por la Junta Militar que sucedió al gobierno de Arturo Alessandri. En reconocimiento a la importancia para la historia de la salud pública de nuestro país este edificio fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico el 26 de octubre de 1984. Ya entrada la dictadura, en 1977, las instalaciones pasaron de forma arbitraria a la CNI hasta 1988, cuando fueron entregadas a la Policía de Investigaciones.
Diversas violaciones a los derechos humanos, consignadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), fueron realizadas con participación de agentes operativos del exCuartel Borgoño.