En una ceremonia realizada este jueves en el edificio consistorial de Independencia, el Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó la firma del Proyecto de Ley de Régimen de Responsabilidad Parental, iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que busca fortalecer el rol de los adultos en la protección, formación y cuidado de niños, niñas y adolescentes.
La actividad contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; el alcalde Agustín Iglesias; parlamentarios, dirigentes gremiales y representantes de la comunidad.
Durante la instancia, el jefe comunal valoró la iniciativa, destacando que constituye una herramienta relevante para abordar de manera preventiva situaciones de riesgo que afectan a menores de edad.
Asimismo, sostuvo que la seguridad no solo se construye mediante una mayor fiscalización o presencia policial, sino también a través de familias presentes, comunidades comprometidas y una sociedad que equilibre adecuadamente derechos y deberes.
Según explicó el Presidente de la República, el proyecto responde a la creciente preocupación ciudadana frente a hechos de violencia, conductas de riesgo e ilícitos protagonizados por menores de 18 años, incorporando un enfoque que combina medidas preventivas con herramientas graduales y eficaces para hacer efectiva la responsabilidad parental cuando exista incumplimiento de los deberes de cuidado.
Entre las medidas contempladas se incluyen programas de fortalecimiento de habilidades parentales, procesos de revinculación familiar, atención psicológica y psiquiátrica, además de sanciones proporcionales para aquellos casos en que persista el incumplimiento de las obligaciones parentales.
La iniciativa también crea un procedimiento especial y expedito para que los tribunales de familia puedan intervenir con mayor rapidez ante situaciones de riesgo, facilita la reparación de las víctimas mediante mecanismos que agilizan las indemnizaciones por daños causados por menores de edad y promueve una cultura de corresponsabilidad familiar, resguardando siempre el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Desde la experiencia territorial del municipio, el alcalde Iglesias advirtió sobre los riesgos que enfrentan menores expuestos a la deserción escolar y a la captación por parte de bandas criminales, señalando que la responsabilidad parental constituye una herramienta fundamental para prevenir la violencia y proteger las trayectorias de vida de las nuevas generaciones.
El jefe comunal enfatizó que la prevención del delito comienza en la familia, se fortalece en la escuela y requiere del compromiso activo de toda la comunidad para resguardar el bienestar y las oportunidades de desarrollo de niños y jóvenes.
La propuesta establece mecanismos para que los tribunales de familia puedan adoptar medidas orientadas a fortalecer las competencias parentales antes de que los problemas se agraven, entre los que destacan:
Cuando el juez de por acreditado el hecho ilícito, la falta de la debida diligencia parental y la participación del niño, niña o adolescente en él, podrá aplicar:
• Multa a beneficio fiscal de hasta 5 Unidades Tributarias Mensuales
• Concurrencia a los programas de habilidades parentales o de revinculación familiar
• Asistencia a sesiones de atención psicológica o psiquiátrica con un profesional inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud
En caso de que el padre o madre se niegue contumazmente a acatar lo ordenado por el tribunal y no manifieste interés en dar cumplimiento a su deber de guía y orientación del niño, niña o adolescente, afectando con ello gravemente su interés superior, el tribunal podrá aplicar una o más de las siguientes sanciones:
• Multa a beneficio del niño, niña o adolescente, de hasta diez Unidades Tributarias Mensuales (cuenta de ahorro resguardada).
• Declarar la indignidad para suceder al niño, niña o adolescente (herencia).
• Declarar la suspensión o pérdida de la patria potestad según la gravedad del incumplimiento y siempre en atención al interés superior del niño.
• La pérdida del derecho a pedir alimentos al hijo en los términos del artículo 324 del Código Civil (cuando el hijo es ya mayor de edad)
La determinación de las medidas deberá considerar siempre la situación del grupo familiar y el interés superior del niño o niña o adolescente.
El objetivo es actuar tempranamente y apoyar a las familias para evitar que niños y adolescentes se involucren en situaciones de violencia, vulneración de derechos o conductas delictivas.
